La licencia para el uso del glifosato en la Unión Europea caducó en Junio de 2016, pero se permitió extender su uso en una renovación temporal que expira en diciembre. Se acerca pues las fecha del debate parlamentario que puede marcar el devenir de la política agraria comunitaria en los próximos 10 años y en ANATUR – Acción Natural Ibérica queremos definir nuestra postura en este asunto de importancia vital.
El glifosato es el nombre común que recibe la N-fosfonometilglicina, principio activo del herbicida Roundup, el cual fue creado por la multinacional Monsanto para la eliminación de hierbas y arbustos. Una característica de este herbicida de amplio espectro es que es absorbido por las hojas y no las raíces, y mata a las plantas interfiriendo con la síntesis de algunos aminoácidos (al inhibir una enzima que no se encuentra en animales), deteniendo así el crecimiento de la planta en pocas horas.
A pesar de lo extendido de su uso, de su clasificación por diferentes agencias mundiales como de “baja toxicidad” y que muchos estudios nieguen que existe un riesgo para la salud en los seres humanos, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como “un probable carcinógeno para los seres humanos”, existen pruebas de que puede provocar cáncer en animales y parece que afecta a la producción de hormonas sexuales en algunos mamíferos. A día de hoy, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas lo clasifica además como sustancia tóxica para la vida acuática y, de hecho, una de las mayores preocupaciones es que se infiltra en el suelo y al ser muy soluble, contamina los acuíferos.
Estas preocupaciones han motivado que algunos países miembro de la UE se hayan mostrado en contra de la previsible renovación del permiso de uso del glifosato durante otros 10 años, como es el caso de Francia e Italia. El portavoz del gobierno galo ha afirmado que el glifosato estará prohibido en el país vecino para todo tipo de usos antes de que termine el mandato de Emmanuel Macron en 2022, estando su uso prohibido en espacios públicos abiertos desde principios de año y se prevé su prohibición en 2019 en jardines particulares.
Por el contrario, la posición oficial de España es totalmente opuesta. De manera absolutamente irresponsable la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha hecho una llamada a la movilización agraria en defensa del uso del glifosato. No olvidemos que el glifosato es una sustancia clasificada en la UE como H318 (provoca lesiones oculares graves) y H411 (tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos) y ha sido relacionado con el Linfoma non-Hodgkin’s y mieloma múltiple, incremento de partos prematuros y abortos espontáneos, teratogenicidad y reprotoxicidad: necrosis de células umbilicales, embrionarias y de placenta.
Los argumentos de García Tejerina son de índole económica: Prescindir del glifosato supondría un impacto económico de más de 2.000 millones de euros en términos de producción, suponiendo un 0,10% de la producción nacional total y la pérdida de casi 5.000 puestos de trabajo según un estudio elaborado por Price WaterHouse Cooper.
Estas pérdidas estarían motivadas, según el informe, por la disminución de la producción agrícola, que afectaría a la actividad de los sectores relacionados -proveedores, clientes, sector de la alimentación, la agricultura, hostelería y el comercio-. De igual manera, se estima una disminución de la producción por hectárea en un 10% para el conjunto de cultivos y un aumento de la carga de trabajo de los agricultores de casi el 50%. Además, el informe Price WaterHouse Cooper alerta de que su prohibición dispararía el coste de la producción agrícola al verse los agricultores obligados a utilizar fórmulas alternativas más caras que incrementarían los costes de producción en torno al 9%.
Sin embargo, para ANATUR – Acción Natural Ibérica, estos argumentos obvian un problema clave: hay que garantizar la sostenibilidad del campo en su conjunto, y el actual abuso de pesticidas no contribuye a que esto sea así. Existen alternativas no contaminantes al glifosato y que no dañan la salud de las personas ni el medio ambiente: desde un buen manejo del suelo, rotaciones de cultivos, abonos verdes, así como el uso de medios manuales (labores superficiales), mecánicos (desbrozadoras) y térmicos (quemadores con infrarrojos) que son aplicados en la mayoría de los países de la UE.
En ANATUR – Acción Natural Ibérica creemos que hay que reivindicar la agricultura ecológica, de la cual hay ya casi 2 millones de hectáreas en nuestro país y que crece a razón de 100.000 hectáreas por año, siendo España el principal productor de este tipo de agricultura sostenible en Europa. Aunque sí es algo más costosa que la agricultura convencional, se pueden conseguir rendimientos similares en contra de lo que expone el informe de Price WaterHouse Cooper. Quizá el futuro de la política agraria común pase por el incentivo de una agricultura sostenible y no por alargar 10 años más el permiso a un envenenamiento masivo de los cultivos (de hecho, el estado subvenciona actualmente la práctica ecológica con 180 euros/hectárea, lo que quizá no sea suficiente). La realidad, sin embargo, es que a día de hoy el 95% del suelo agrícola español sigue sin ser ecológico y ostentamos el dudoso honor de ser los mayores consumidores de pesticidas y herbicidas de toda la UE.
Y es importante resaltar que sólo un cambio en la política agraria podrá salvar del declive a especies emblemáticas de nuestra geografía como la perdiz roja o la liebre. La problemática de la caza menor en nuestro país, algo que los cazadores llevan denunciando años, ha sido confirmada por los últimos estudios que exponen con datos lo que ya se temía: el abuso de plaguicidas, herbicidas y otros productos fitosanitarios está condenando a la desaparición la biodiversidad de nuestros campos.
Datos de Investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha han demostrado que el uso de algunos fitosanitarios (como el Imidacloprid) son altamente tóxicos y además tienen efectos importantes sobre la salud y el éxito reproductor de las perdices y posiblemente también de otras aves expuestas a pequeñas cantidades del producto. La ingesta de semillas tratadas con estos compuestos implican una alta mortalidad (hasta el 100% de las perdices que consumieron semillas tratadas murieron en un plazo de 21 días) e incluso una exposición a muy bajas dosis reduce significativamente el éxito reproductor de las aves. Esto deja patente la gran razón detrás del declive que viven ésta y otras especies.
En el caso de la liebre, el declive de sus las poblaciones (no sólo de liebre ibérica, sino también de la liebre de piornal -endémica de la cordillera cantábrica- y la liebre europea), es dramático (hasta un 30% en la totalidad de la península y de hasta el 60% en los últimos 5 años en comunidades como Castilla y León o Madrid). Aunque la caída población de las liebres en nuestro país es multifactorial (enfermedades parasitarias, víricas y bacterianas, fragmentación del hábitat, factores climáticos…), parece que los sistemas de gestión de cultivos en la agricultura han jugado un papel determinante. De hecho, la exposición a rodenticidas para acabar con plagas de topillos y los otros productos fitosanitarios utilizados en los cultivos tienen consecuencias fatales para su supervivencia y éxito reproductor.
Y el problema no es sólo de las aves y los mamíferos. Una de las consecuencias más dramáticas del abuso de plaguicidas de nuestro país es la drástica disminución del número de abejas y otros polinizadores, muy importantes para el equilibrio natural y la propia productividad agraria. El propio Imidacloprid se ha relacionado con el colapso de las colmenas de abejas melíferas y algunos estudios han observado que la exposición de colmenas a trazas del pesticida reduce el tamaño de las colonias y la producción de las abejas reinas. Aunque algunos países el tratamiento de semillas con este tóxico esté prohibido, en España su uso sigue siendo libre.
Dicho esto, en ANATUR – Acción Natural Ibérica nos mostramos en desacuerdo con la postura actual de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y creemos que la Política Agraria Común debe buscar alternativas al abuso indiscriminado de plaguicidas, herbicidas y otros productos fitosanitarios. Es hora de apostar por una agricultura sostenible, respetuosa con la biodiversidad y que no dañe irreversiblemente nuestros campos, que son patrimonio de todos.
