Los principales Pilares de ANATUR no se pueden definir de forma rápida pues abarcan muchas cuestiones de importancia para el país, la economía y el mundo rural.

Básicamente y desprendidos de los Estatutos podemos priorizar los siguientes Pilares:

• La defensa de la Constitución Española.
• La defensa de una España plural de ciudadanos iguales ante la ley, en la que los derechos y libertades de las personas sean respetados y protegidos.
• La defensa de la calidad de vida rural, la de los pueblos de todo el territorio Español, de forma que todos los habitantes de las áreas rurales de España tengan derecho a una vida digna y al respeto que merecen del resto de los habitantes de la zonas urbanas del país.
• La promoción de nuevas legislaciones que protejan el respeto de las áreas rurales a través de instrumentos de representación de dichas áreas con voz y voto en la legislación que les afecte.
• La defensa, desarrollo  y protección del  Estado del  Bienestar, preservando unos servicios públicos básicos de calidad y de equidad en su acceso, provistos por el Estado, gestionados con eficacia y accesibles en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan.
• La defensa de una política fiscal justa y equitativa, donde se promueva la redistribución de la riqueza y en el que se persiga, sin tregua, el fraude fiscal a todos los niveles.
• La defensa del acceso legítimo del pueblo a la información que gestiona el sector público y los partidos políticos, de una forma acorde a los medios tecnológicos existentes.
• La defensa de un Estado laico, en el que todas las creencias o no creencias religiosas sean respetadas y respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro ordenamiento jurídico.
• La defensa del aprovechamiento de los recursos naturales renovables con legislaciones y reglamentos adecuados, independientemente de la calificación que mantengan.
• La defensa de las actividades y tradiciones culturales españolas, especialmente aquellas que se desarrollan en los territorios rurales de España.
• La promoción de una legislación para que, fuera del ámbito rural, toda la población de las grandes áreas urbanas pueda disfrutar de la naturaleza de una forma regulada y que beneficie a las áreas rurales.
• La promoción de una nueva visión de la naturaleza, esa que ahora está oculta a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, la que es real y tangible, la que está basada en los auténticos procesos naturales y que necesita actuaciones claras y valientes para su salvaguarda, sin que se olvide el aprovechamiento de todos los recursos generados por esa naturaleza y que dignifican nuestro acervo agrario, sin tener que avergonzarnos por ello.
• La promoción de la reforma de la Constitución española de 1978 para mejorar la separación de poderes, potenciar la igualdad y la libertad de las personas, cerrar el modelo de organización territorial, eliminando posibles desigualdades respecto de las diferentes Comunidades Autónomas en aspectos como el reparto de competencias y financiación, así como la necesidad, por parte del Estado, de retomar para si las competencias de educación, sanidad y medio ambiente, especialmente, cuya gestión no ha sido realizada de forma adecuada y eficaz.
• La promoción y mejora de las condiciones actuales de la actividad política. El ejercicio de la política debe entenderse como un servicio público a los ciudadanos y no como una forma de vida para el enriquecimiento personal y de los partidos políticos, motivo por el cual se impulsarán leyes que controlen su financiación de manera eficaz.
• La promoción de que los cargos públicos tengan una adecuada formación, titulada y oficial, acorde a los cargos que ocupan o, al menos, formación universitaria suficiente.
• La promoción de la eliminación de cualquier tipo de prebendas y privilegios desmedidos de los cargos públicos, adaptando sus sueldos, dietas, cotizaciones, retenciones y pensiones a las del resto de los ciudadanos, limitando sus mandatos y atribuyéndoles un plus de responsabilidad en su gestión a través de leyes específicas de transparencia y gestión política, incrementando las penas por responsabilidad penal en el ejercicio de su cargo.
• La promoción de una reforma de la legislación electoral mediante la renovación del sistema y de las instituciones democráticas, preservando el carácter unitario y descentralizado del Estado.
• La promoción de la representación y participación de la ciudadanía, mejorando la  vinculación  entre  representantes  y  representados, especialmente en el medio rural, y potenciando la capacidad de iniciativa política de la ciudadanía.
• La promoción de políticas encaminadas al progreso de las libertades y la igualdad jurídica de los ciudadanos españoles, con independencia del lugar donde residan en España, así como de su lengua, religión, género, orientación sexual y otras cuestiones de identidad o de cualquier otra clase.
• La promoción de políticas que favorezcan la proyección internacional del Estado, contribuyendo  al fortalecimiento de la  Unión Europea, promoviendo las relaciones entre los distintos países del mundo, así como su desarrollo social y económico.
• La defensa y promoción de los objetivos establecidos en nuestro ideario político, así como en un futuro, cualquier otra política que lleve a la consecución de estos fines generales en cualquier nuevo ámbito.